Ante la transferencia a entidades privadas de los servicios públicos con carácter monopólico, se planteó la regulación a fin de crear condiciones de emulación de la competencia, allí donde ésta no resultaba posible. Por ese motivo, el Estado concentró su accionar en este rol de salvaguarda de los intereses de los usuarios. La Ley 24.065, que conforma junto con la Ley 15.336, el Marco Regulatorio Eléctrico, define los actores privados que han ido incorporándose en todos los segmentos de la industria eléctrica y marca la presencia del Estado como garante de la transparencia de los mercados.
La nueva estructura del sector remite a los tres segmentos de la actividad eléctrica en forma independiente: generación, transporte y distribución.
Generación: se introduce la competencia y se prevé su desarrollo por parte de la actividad privada, con múltiples operadores que compiten entre sí.
Transporte y distribución: el Artículo 1° de la Ley 24.065 los caracteriza como servicios públicos que se prestan en condiciones de mercado monopólico con usuarios cautivos. Es por eso que en el transporte es necesario regular los criterios de su remuneración, garantizar el control de calidad y el libre acceso de terceros a la capacidad remanente de las redes y evitar el abuso de una posición dominante. En cuanto a los distribuidores, están obligados a suministrar la totalidad de la energía que les sea demandada en el área geográfica de su concesión y no pueden invocar el abastecimiento insuficiente de energía eléctrica como eximente de responsabilidad. Esta obligación, junto con un esquema de precios y tarifas, actúa como garantía para que se tomen los recaudos correspondientes, a fin de que se realicen las inversiones necesarias para asegurar el suministro.
En cuanto a las tarifas, la legislación establece que deben ser justas, debiendo posibilitar una razonable tasa de rentabilidad a aquellas empresas que operen con eficiencia y eficacia.
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